La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) presentó, entre octubre de 2024 y junio de 2026, 105 denuncias penales y dio seguimiento a 938 carpetas de investigación derivadas de presuntas responsabilidades administrativas de servidores públicos, de acuerdo con el segundo Informe de gobierno de la presidenta de Claudia Sheinbaum.
Destaca un caso relacionado con pagos indebidos por 73 millones de pesos a un particular por el “servicio integral de cultivo de frijol”. La dependencia emitió un informe de presunta responsabilidad administrativa por faltas graves y presentó una denuncia penal por la probable comisión de uso ilícito de atribuciones y facultades, a fin de proteger los recursos públicos.
El reporte precisa que, al cierre de junio pasado, 53 personas se encontraban vinculadas a proceso por hechos derivados de estas investigaciones; 13 asuntos están en etapa intermedia, cinco en juicio y seis con sentencia en seguimiento.
En el terreno administrativo, entre octubre de 2024 y junio de 2026, el gobierno federal emitió 14 mil 117 informes de presunta responsabilidad administrativa, con los que sancionó a 4 mil 193 servidores públicos. De ese total, 3 mil 526 casos (84.1 por ciento) correspondieron a faltas no graves, mientras 667 (15.9 por ciento restante) fueron faltas graves. La SABG sancionó además a 84 particulares, entre personas físicas y morales.
El informe reporta también sanciones contra 132 empresas proveedoras del gobierno federal entre septiembre de 2025 y junio de 2026, de las cuales 99 fueron inhabilitadas para contratar con el Estado.
El documento reporta, por separado, que la SABG identificó que dos servidores públicos usaron indebidamente sus facultades para tratar datos personales con fines de lucro. Los expedientes fueron turnados a las autoridades correspondientes para determinar las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar.
Corrección a comunicado
Asimismo, la dependencia se vio obligada a corregir ayer un comunicado de julio pasado sobre sanciones a 34 servidores públicos, luego de que un juzgado federal determinó que omitió precisar que la inhabilitación impuesta a una funcionaria de Banobras se encuentra suspendida por un juicio de amparo en trámite.
La corrección obedece a un acuerdo dictado el 25 de agosto por Yuritze Arcos López, titular del juzgado decimoséptimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, que instruyó modificar el comunicado 084, del 19 de julio, en el que se detallaron inhabilitaciones de hasta 20 años y multas por más de 1.8 millones de pesos a personal de 14 dependencias, entre ellas Pemex, la Guardia Nacional y el IMSS.