El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una de las crisis institucionales y de rendición de cuentas más graves de su historia reciente. El Órgano Interno de Control (OIC) del organismo interpuso seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de funcionarios, exfuncionarios y personas morales por la probable comisión de delitos como tráfico de influencias, cohecho, falsificación de documentos y uso ilícito de atribuciones y facultades. Entre los nombres señalados en las investigaciones sobresalen la expresidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, y el empresario Alfredo Hernández Casillas.
Las acciones legales, notificadas a la Cámara de Diputados por el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras,ocurren tras la revelación de una presunta red de proveedores electorales que operó entre 2014 y 2025. De acuerdo con el órgano fiscalizador, cinco empresas vinculadas entre sí habrían simulado competencia en licitaciones públicas para adjudicarse contratos por más de 2 mil 461 millones de pesos de distintos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). En este esquema se indagan contratos vinculados a la producción de la credencial para votar y a la elección judicial de 2025, a la par que avanzan procedimientos administrativos contra nueve involucrados que podrían ser sancionados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Involucrados y señalamientos clave
- Guadalupe Taddei Zavala (expresidenta del INE): Renunció recientemente al cargo en medio de indagatorias sobre presuntos vínculos personales con los empresarios beneficiados y posibles irregularidades en la asignación de contratos públicos.
- Red empresarial y hermanos Hernández Casillas: José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas son señalados por presuntamente encabezar el entramado de compañías que concentró las adjudicaciones millonarias.
- Servidores y exservidores públicos: El OIC emplazó a comparecencia a ocho funcionarios y exfuncionarios,además de una persona moral, por la presunta comisión de faltas administrativas graves.
Respaldo interno a las investigaciones
La consejera electoral Carla Humphrey respaldó públicamente la actuación institucional del INE al acudir ante las autoridades ministeriales, enfatizando que la institución debe sostener una política de cero tolerancia frente a la corrupción e impunidad, independientemente de los cargos o periodos de gestión involucrados.
Humphrey subrayó que la denuncia presentada ante la FGR busca garantizar que las investigaciones se lleven a cabo de manera imparcial y con estricto apego al debido proceso, asegurando la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados al funcionamiento del sistema electoral mexicano.