Al plantear de manera pública su solicitud de que la situación de México sobre las personas desaparecidas sea analizada en el pleno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) señaló que su decisión ya dio “un primer resultado”, pues de acuerdo con el Estado mexicano en lo que va de 2026 han sido localizadas 16 mil personas desaparecidas, de las más de 130 mil de las que se tienen registro, según cifras oficiales.
“Felicitamos estos avances”, reconoció el presidente del CDF, el ecuatoriano Juan Pablo Albán Alencastro, en el marco de su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU.
Pidió que los procesos de cooperación de los que dio cuenta México en la sesión de hoy, con países como España y Alemania, así como con organismos internacionales “se mantengan a través del tiempo, y que, asimismo, esos esfuerzos también se mantengan con el Comité”.
El CDF, enfatizó, tiene la responsabilidad de continuar monitoreando la situación en México, solicitar información e invitar a diálogos constructivos al país, así como continuar registrando acciones urgentes.
Postura del Estado mexicano ante la Asamblea General de la ONU
Ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, el Estado reiteró por su parte su rechazo a que la situación del país sea llevada al pleno de este máximo órgano deliberativo, como lo solicitó el Comité, tras activar el artículo 34 de la citada Convención.
“México rechaza la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención”, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, al tiempo que enfatizó que el país mantiene una política de apertura, diálogo y cooperación internacional.
Destacó que “el Estado mexicano no consiente ni tolera la desaparición de personas, cualquiera que sea su modalidad”. Su búsqueda, sostuvo, “no se detiene”, y se reconoce “el dolor de las madres y familias buscadoras. Atender este delito es una prioridad nacional”.
Alianzas internacionales e identificación humana
Subrayó que México tiene una amplia colaboración con organizaciones y otros aliados. Refirió que con la asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, conformó un grupo de expertos internacionales para realizar una revisión científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Asimismo, resaltó la cooperación que existe con países como Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala para fortalecer la identificación humana, y la colaboración con el Fondo de Población de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para fortalecer las capacidades de búsqueda, identificación humana e investigación.
Reiteró que la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha permitido localizar a más de 16 mil personas durante 2026.
“Nuestro compromiso es claro: encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las familias”, señaló Medina ante las delegaciones de los Estados miembros de la ONU presentes en la sesión.
Evaluaciones del Comité sobre crímenes de lesa humanidad y artículo 34
Previamente, el presidente del CDF reiteró que tras examinar la información proporcionada por el Estado mexicano, las contribuciones de las víctimas y organizaciones civiles, así como los antecedentes reunidos desde el año 2012, el Comité concluyó que “existen indicios bien fundados de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y de la persistencia hasta la actualidad de esa práctica” en el país.
Sobre esa base, dijo, se decidió traer a la atención de la Asamblea General con carácter urgente. No obstante, enfatizó que la decisión no constituye una responsabilidad internacional del Estado mexicano.
Admitió que tampoco existen indicios fundados de la persistencia de una política a nivel federal orientada a la comisión de desapariciones forzadas por una acción deliberada de las autoridades o su omisión.
“Reconocimos los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas sin desconocer la persistencia de problemas estructurales que requieren atención”, mencionó Albán.
Explicó que el artículo 34 es un mecanismo preventivo excepcional de alerta que está concebido para movilizar la atención y cooperación internacional ante situaciones particularmente serias.
“Ahora le corresponde a esta Asamblea General considerar las oportunidades de movilización y de cooperación internacional y de apoyo que ofrece el procedimiento para auxiliar, si México así lo considera necesario, en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, crisis forense, protección de las víctimas y sus familias”.