El pasado 6 de octubre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Economía Digital para pagos Digitales y Electrónicos. La propuesta propone reducir el uso de efectivo en las transacciones comerciales entre particulares y tener mayor orden y trazabilidad a losprocesos de adquisición de bienes mediante sistemas regulados.
La iniciativa, viene directamente de la presidencia y busca de buena manera, erradicar temas como el lavado de dinero, la simulación de operaciones y el huachicol fiscal. La federación adquiere mayor control sobre los procesos de transacción económica y puede tener uñas y dientes para castigar otros males.
Se pone en cintura a las entidades federativas y a los tres órdenes de gobierno para eficientar sus mecanismos de cobro a través de transacciones bancarias. Por lo que la ciudadanía verá una mejora en la reducción de trámites ante las distintas dependencias.
De igual manera deja a la Secretaría de Hacienda la facultad para determinar la obligatoriedad de pagos mediante procesos de pago electrónicos, erradicando con ello el uso de efectivo para trámites sensibles.
Las entidades federativas y los prestadores de servicios o proveedores deberán implementar la infraestructura necesaria para favorecer la implementación de mecanismos electrónicos de pago en el corto plazo. Desde ahora, trámites que antes se podían hacer en efectivo como el pago del suministro de agua o la expedición de actas de nacimiento serán por vías electrónicas.
La duda es si la población está preparada para la implementación de esta norma. Poco más del 60% de la población posee una cuenta bancaria, que usa principalmente para el depósito de pensiones, sueldos y no para generar adquisiciones de bienes.
El efectivo en México sigue siendo el motor que mueve la economía en poblaciones menores. Y la infraestructura digital para el proceso de pago de servicios de gobierno, llámese Catastro, Registro civil o suministro de agua, deja mucho que desear.
Desde ahora, la CURP electrónica será una herramienta de identificación oficial para todo este tipo de procesos. Dejando atrás a la credencial del INE, que hasta ahora sigue siendo la de más confianza por las instituciones bancarias.
Otro elemento que surge de esta norma es el Expediente Digital Ciudadano. Una especie de bitácora histórica de cada individuo donde se alberga información sensible y que podrá ser usada por las instituciones bancarias o de gobierno para diferentes tipos de trámite y consulta.
¿Buena o mala? El proceso continuará a la Cámara de Senadores donde deberá de analizarse. La propuesta es bien intencionada y habrá que profundizar en sus alcances y los plazos de implementación.
Moisés Bailón Jiménez es Maestro en Derecho Electoral y Procesal por la Benemérita Universidad de Oaxaca.