Ciudad de México. La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó este martes el dictamen de la iniciativa presidencial, para obligar a los proveedores de Internet a eliminar de la red obras, audios o voces alterados con inteligencia artificial que violen los derechos de autor, medida que la oposición consideró podría afectar la libertad de expresión y la conectividad.
Este martes, la propuesta del Ejecutivo fue avalada primero en lo general por 18 votos en favor, de Morena y sus aliados, y 6 en contra, de la oposición. Posteriormente, la mayoría desechó dos reservas presentadas por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que la iniciativa fue enviada al pleno de San Lázaro para la continuación de su trámite legislativo.
Por el blanquiazul, una de las reservas fue presentada por María Angélica Granados, quien propuso modificar diversos apartados del artículo 114 de la Ley Federal de Derechos de Autor para garantizar que, en la regulación de la responsabilidad de los proveedores de Internet, se preserve el principio de máxima protección de las libertades democráticas y el debate público.
Asimismo, que se favorezcan las libertades de expresión y de prensa, la actividad periodística, la crítica política y la deliberación plural, y que cualquier posible inconformidad por la aplicación de la normativa sea resuelta por las autoridades jurisdiccionales competentes.
Granados cuestionó la obligación que ahora tendrán los proveedores de Internet para retirar los servicios a los “infractores reincidentes”.
Esto porque, abundó, no se define qué autoridad definirá a quién se le considerará como “infractor” ni qué procedimientos puede tener a su alcance el usuario para defenderse.
“El dictamen no define esto con precisión. Notificarle que le será retirado el servicio no es respetar el debido proceso y no es darle la oportunidad de defenderse antes de que se le quite la conexión a Internet”, recalcó la legisladora.
Su compañero de bancada Marcelo Torres Cofiño coincidió en que la reforma propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum “puede terminar afectando dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y el acceso a Internet”.
Según el panista, aumentar las sanciones y responsabilidades para los proveedores de servicios de Internet por las posibles faltas que cometan sus clientes, implicaría el riesgo de que, “ante el temor de ser sancionados, (las empresas) prefieran bloquear primero (a los cibernautas) y preguntar después. El riesgo es quitar contenidos, restringir servicios o censurar previamente expresiones que podrían ser perfectamente legales”.
De la misma forma que Granados, Torres Cofiño cuestionó cómo se decidirá quién es un “infractor reincidente”, con qué procedimientos y con qué garantías de defensa, y alertó que un usuario “se puede quedar sin Internet antes que una autoridad jurisdiccional resuelva su caso. Eso es lo que debemos impedir”.
En ese tono, llamó a que las empresas privadas no se conviertan en jueces que puedan determinar lo que la gente pueda publicar “o hasta pensar”, y señaló que este tipo de normativas no pueden justificarse con el argumento de que el TMEC ordena que se legisle en estos temas.
Por todo ello, presentó una reserva para establecer que cualquier política de terminación de servicios de Internet deberá proteger la libertad de expresión y de prensa y el derecho a la información, así como la crítica y el debate político.
“Debemos proteger los derechos de autor, pero no a costa de convertir Internet en un espacio donde primero se censura y después se pregunta”, señaló.
Sin embargo, ambas reservas fueron desechadas, por lo que el dictamen se envió a la Mesa Directiva, para que lo incluya en la agenda de temas.
Inicialmente, se preveía que el dictamen se incluiría en la sesión ordinaria de este martes, pero el asunto se aplazó para la siguiente semana.