La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “continúa siendo prioridad de Estado”, aseguró el gobierno federal, quien reconoció «el profundo impacto social, económico y familiar” que ha significado para las víctimas, sus familias y para el país.
En el segundo informe de gobierno, destacó que se redoblaron esfuerzos en la búsqueda y la reconducción de la investigación con el cometido de localizar a los estudiantes, esclarecer lo sucedido, fortalecer la indagatoria, así como el procesamiento de quienes participaron en los hechos atroces del 26 y 27 de septiembre del 2014, asegurando que, hasta no brindar verdad y justicia, seguirán siendo investigados.
Indicó que se dio seguimiento jurídico a 20 causas penales y ocho carpetas relacionadas con delincuencia organizada y desaparición forzada; así como se garantizó la representación de las víctimas en 330 audiencias ante distintos órganos jurisdiccionales.
Resaltó que la colaboración y coordinación permanente con la Fiscalía General de la República ha sido fundamental para prosperar en las búsquedas en campo y en el análisis de la información. Como resultado de estos esfuerzos, ahondó, entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026 en los municipios de Iguala de la Independencia, Cocula y Eduardo Neri se realizaron 37 acciones para dar con el paradero de los jóvenes, equivalentes a 518 sitios intervenidos.
En el documento, refirió igualmente que con el fin de garantizar el derecho de las víctimas indirectas a la información “y consolidar espacios de confianza mutua”, se llevaron a cabo tres sesiones de trabajo de alto nivel con las madres, los padres y sus representantes legales, y en los que participaron de manera directa los equipos técnicos encargados del caso, “asegurando que las familias mantengan un papel activo en la toma de decisiones y conozcan de primera mano los avances de las indagatorias”.
El gobierno federal subrayó también que se articularon esquemas de atención interinstitucional los cuales permitieron brindar 170 atenciones médicas, psicológicas y de rehabilitación integral durante el periodo reportado.
A su vez, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) informó que ha brindado “de manera permanente” servicios de asesoría, representación y acompañamiento jurídico a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos.
Actualmente, expuso, representa a 44 víctimas directas y 19 indirectas. Apuntó que de mayo de 2023 al 30 de junio de 2026, se proporcionaron diversos servicios de atención integral a los familiares de los estudiantes, entre los que destacan 946 intervenciones de trabajo social, 485 servicios terapéuticos y acompañamientos psicológicos, 112 asesorías jurídicas, 225 atenciones médicas y mil 105 traslados para facilitar la asistencia a reuniones, diligencias ministeriales y servicios de atención médica.