Bajo el gastado discurso de la “persecución política”, viejas figuras del régimen como Vicente Fox, Guadalupe Acosta Naranjo y Jorge Romero cierran filas en torno a Ernesto Ruffo, mientras el Gobierno de la República ratifica que nadie está por encima de la ley.
La vieja guardia política volvió a mostrar su verdadero rostro frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Dirigentes del PAN y de la organización ‘Somos México’ acudieron a arropar a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California recluido en el penal del Altiplano, acusado de encabezar la red de huachicol fiscal más grande que se haya detectado en la historia del país.
El montaje mediático, encabezado por figuras como el expresidente Vicente Fox, el dirigente panista Jorge Romero, el senador Ricardo Anaya, Emilio Álvarez Icaza y Guadalupe Acosta Naranjo, intentó disfrazar de “defensa del Estado de derecho” lo que en el fondo es una abierta defensa corporativa de privilegios e impunidad.
El cinismo del «Estado de derecho» como escudo
Resulta revelador ver a los mismos personajes que durante décadas normalizaron el saqueo y la evasión fiscal presentarse hoy como «defensores de la República». Voceros de la oposición insisten en recurrir al desgastado argumento de que la justicia es «venganza política», una narrativa que utilizan siempre que las investigaciones tocan a miembros encumbrados del poder económico y político.
En lugar de explicar los desvíos millonarios y los esquemas ilícitos de evasión de hidrocarburos por los que se investiga a Ruffo Appel, la cúpula opositora prefirió montar una conferencia para victimizarse y exigir un trato de excepción, demostrando que para el bloque conservador la justicia solo es válida si persigue a los de abajo, pero inaceptable si sienta en el banquillo a sus aliados.
Firmeza institucional: La ley se aplica sin privilegios
Frente a la presión mediática y los intentos de chantaje político de la oposición, la postura del Gobierno Federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido contundente: el proceso contra Ernesto Ruffo no obedece a consignas partidistas, sino a investigaciones rigurosas respaldadas por «muchísimas pruebas».
A diferencia de las administraciones pasadas, donde los pactos de silencio garantizaban la inmunidad de gobernadores y allegados al poder, la actual administración ha dejado claro que el combate a la corrupción y al huachicol no tiene excepciones ni apellidos ilustres.
Una oposición atrapada en el pasado
La fotografía afuera de la FGR sintetiza la crisis de la oposición: partidos tradicionales y membretes emergentes como Somos México unidos no por un proyecto de país, sino por la defensa de un acusado por delitos de gran impacto fiscal contra la nación.
Mientras el Gobierno de México avanza en cerrar los cauces de la corrupción y recuperar los recursos del pueblo, la oposición insiste en atrincherarse en el pasado, confirmando que su única bandera sigue siendo la defensa incondicional del privilegio y la impunidad.