Ciudad de México. La Comisión Permanente del Congreso dio entrada hoy a la iniciativa remitida a ese órgano del Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum, para crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.
La propuesta presidencial establece un tipo penal homologado para todo el país , se endurecen las sanciones, que pueden llegar hasta 70 años de prisión para los victimarios, además de fortalecer la investigación de ese delito, que la ejecutiva federal considera “la peor forma de violencia contra las mujeres”, al privarlas de la vida.
En la exposición de motivos se reconoce que uno de los principales desafíos que enfrenta el Estado mexicano en materia de Feminicidio, es la debilidad estructural en los procesos de investigación criminal.
Ello se traduce frecuentemente en una incorrecta, clasificación de los delitos, pérdida de indicios, falta de análisis de contexto y ausencia de perspectiva de género. Algunos casos son registrados de manera incorrecta, particularmente cuando existen antecedentes de violencia familiar, amenazas o agresiones previas por parte de la pareja, expareja o familiares cercanos.
“Investigaciones que descartan prematuramente la existencia de violencia de género, ausencia de análisis del contexto de violencia, previo al delito, falta de capacitación especializada, en perspectiva de género, inexistencia de protocolo, homologados, de actuación e inexistencia de registro homologados de víctimas”.
Por ello se plantea que cualquier muerte violenta de una mujer deberá investigarse inicialmente como posible feminicidio y con perspectiva de género, hasta descartar esta hipótesis.
¿Cómo se clasifica el delito de feminicidio?
La nueva ley impide que se clasifiquen de entrada como homicidios o suicidios, establece que los feminicidios serán imprescriptibles y contempla 10 razones de género para acreditar el delito, entre ellas violencia sexual, antecedentes de agresiones, relaciones de poder, amenazas, discriminación y conductas asociadas a estereotipos de género Dado que cerca del 90 por ciento de los feminicidios son cometidos por parejas, ex parejas o familiares directos, se plantea que las autoridades otorguen valor a los testimonios de familiares y consideren desde el inicio los antecedentes de violencia.
Otras de las modificaciones centrales de la propuesta presidencial es estaablece una pena uniforme de 50 a 70 años de prisión, así como 19 agravantes que permitirán aumentar las sanciones cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
La penalidad será mas severa cuando el responsable sea un servidor público, cuando existan ataques con ácido u otras sustancias corrosivas, o cuando haya circunstancias que incrementen la vulnerabilidad de la víctima.
El delito será imprescriptible y no podrá aplicarse amnistía, criterios de oportunidad o beneficios para reducir penas, además de sancionar también la tentativa del delito.
La presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, turnó la iniciativa a las comisiones para la Igualdad de Género y de Justicia, del Senado, que es la cámara de origen.