Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó ayer una iniciativa destinada a crear la ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio, con la que busca homologar en las 32 entidades del país tanto el tipo penal como los castigos correspondientes, protocolos de indagación y acciones para atender a las víctimas directas e indirectas de este delito, con lo que se busca “cero impunidad”.
En el documento que enviará al Congreso se proponen penas de 50 a 70 años de prisión, con 19 agravantes para aumentarlas en distintas circunstancias; por ejemplo, cuando la víctima sea niña; adolescente o adulta mayor; esté embarazada; viva con alguna discapacidad; sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, o presente signos de agresión por ácidos o sustancias inflamables.
Especifica que comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género, y definen 10 a contemplarse, como signos de violencia sexual, delito motivado por estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencia contra la víctima o contextos de asimetría de poder.
Además de la pena privativa de la libertad, el responsable también pierde derechos sucesorios, tutela o patria potestad, y de ser funcionario público, será destituido e inhabilitado para ocupar otro cargo.
“Como primera mujer presidenta, asumí la responsabilidad de proteger a las mujeres contra la violencia. Y para ello, lo primero que hicimos fue llevar a la Constitución los derechos del sector, que no estaban plenamente establecidos”, entre ellos la igualdad sustantiva, sostuvo Sheinbaum.
Destacó que “el peor delito de violencia contra las mujeres, la peor forma de discriminación, de trato indigno hacia ellas, es la muerte, el feminicidio, que significa asesinar, quitarle la vida por el solo hecho de ser mujer; es un delito de odio asociado a ser mujer. En nuestro país, aun cuando van disminuyendo estos crímenes, todavía se cometen y muchos de ellos, lamentablemente, siguen sin sanción”.
Para erradicar este ilícito en el país, apuntó que se requiere cero impunidad. Además, expuso que en varias de las fiscalías estatales se sigue catalogando la muerte violenta de una mujer como suicidio, o se tardan mucho las investigaciones, pese a que los indicios apuntan a un familiar violento. Señaló que muchas de las víctimas no denunciaron las amenazas por miedo.
Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, indicó que para la investigación del feminicidio, los ministerios públicos empezarán de inmediato la investigación y se indagará con perspectiva de género, se aplicarán protocolos especializados, analizarán antecedentes de agresiones aunque no haya denuncias previas, y el proceso estará orientado a la determinación de la verdad y reparación integral del daño.
Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, destacó que el proyecto incluye asistencia jurídica especializada y gratuita; creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio, además de planes integrales de protección para mujeres sobrevivientes.