La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acudió acompañada de la dirigencia nacional del PAN a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, donde afirmó que se le quiere “fabricar un caso” y que de manera tramposa el Ministerio Público Federal la citó como testigo violando las normas constitucionales para que declarara respecto de lo sucedido en un operativo antinarcóticos realizado en marzo pasado en esa entidad y en el que intervinieron elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos.
Campos Galván entregó al Ministerio Público Federal un escrito en el que objetó haber sido citada a comparecer para dar su testimonio en calidad de testigo, acto que se convirtió en un mitin político encabezado por miembros del PAN.
Tras la entrega del documento, la mandataria estatal afirmó que la citación viola las normas constitucionales, que “en México es evidente el uso político de las instituciones federales” y aseguró: “de manera muy extraña me citaron y se me cita bajo la figura de testigo, sólo con la finalidad de fabricarme un caso”.
En el mitin, el dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, afirmó: “nadie le va a tocar ni un pelo a la gobernadora”.
Además de decenas de militantes y ciudadanos que dijeron simpatizar con Campos Galván, participaron los panistas Roberto Gil Zuarth; el ex candidato presidencial y senador Ricardo Anaya; Federico Döring, diputado federal; Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.
En el escrito entregado, la gobernadora de Chihuahua refirió que acudió, no para “rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno. Acudo para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”.
Agregó que el texto presentado “no constituye renuncia a derecho alguno ni sujeción al régimen ordinario de la prueba testimonial. Realizo estas manifestaciones para constatar mi disposición a colaborar en cualquier investigación que integre la autoridad federal, pero no como un sometimiento, fáctico o legal, a la diligencia pretendida”.
Añadió que en su carácter de gobernadora tiene una excepción constitucional y ello “no es una mera dispensa procesal de la carga de comparecer. Es una regla de competencia. El Ministerio Público carece de atribuciones para someter al titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa a actos de investigación de carácter personal mientras subsista la inmunidad constitucional”.