La suspensión del sistema Bowí antes de la marcha contra María Eugenia Campos no sólo afectó la movilidad de miles de ciudadanos en Chihuahua, también exhibió el miedo político de un gobierno incapaz de enfrentar el descontento social sin recurrir a medidas que terminan castigando a la población.
Mientras la ciudadanía buscaba movilizarse para manifestar su inconformidad, el gobierno estatal decidió cerrar rutas de transporte público bajo el argumento de “prevención”, afectando a trabajadores, estudiantes y familias que dependen diariamente del servicio.
La decisión dejó la impresión de que, para Maru Campos, es más fácil frenar camiones que atender las causas del enojo ciudadano.
La crítica crece porque la medida ocurrió justamente horas antes de una protesta dirigida contra la propia gobernadora.
Para muchos, el mensaje fue claro: en lugar de garantizar derechos y libertades, el gobierno panista optó por obstaculizar la movilización social.
En un estado golpeado por la violencia, la inseguridad y la crisis de confianza en las instituciones, suspender el transporte público para contener el costo político de una marcha refleja desconexión, autoritarismo y un uso cuestionable del poder público.