El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados fueron señalados por la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, en una imputación formal que se hizo pública ayer. El documento sostiene que los acusados “abusaron de sus cargos” para apoyar al cártel de Sinaloa en sus actividades a cambio de sobornos y, en el caso del mandatario estatal, de garantizar su elección mediante la intervención directa en el proceso con secuestros y presiones a la población.
Los cargos que les imputa la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York –la misma que en 2020 acusó, sin pruebas, de narcotráfico al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, secuestrado en enero pasado durante una intervención armada ilegal– implican penas que van de 40 años a cadena perpetua. El documento sostiene las acusaciones con base en la descripción de eventos –tanto la forma en que supuestamente opera el trasiego de drogas del cártel de Sinaloa como el modo en que tuvo lugar su intervención electoral–, sin aportar pruebas ni precisar datos.
Al final incluye una “notificación de decomiso a favor de Estados Unidos” de todas las ganancias de los acusados, sus bienes muebles, inmuebles, armas de fuego, municiones y dinero “en moneda estadunidense” que se deriven de la comisión de los delitos señalados, sin especificar qué bienes son esos ni si se encuentran en territorio estadunidense.
Los acusados, junto con Rocha Moya (76 años), ante el tribunal federal de Manhattan son: Enrique Inzunza Cázarez, senador y ex secretario de Gobierno del estado de Sinaloa (Morena); Enrique Díaz Vega, ex encargado de Administración y Finanzas de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez y José Antonio Dionisio Hipólito, ex mandos policiales estatales; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán (Morena), y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, ex jefe de policía de Culiacán, quien además es demandado por “secuestro con resultado de muerte”.
Las autoridades estadunidenses afirmaron que los imputados desempeñaron un papel fundamental en la ayuda al cártel de Sinaloa –uno de los ocho grupos delictivos latinoamericanos designados como organizaciones terroristas por Washington– para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a Estados Unidos.
El fiscal federal a cargo del caso, Jay Clayton, calificó al cártel de Sinaloa de “organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”.
La acusación “pone de manifiesto un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en peligro la vida de los estadunidenses”, afirmó Terrance Cole, director de la agencia antidrogas (DEA, por su sigla en inglés). Los funcionarios encausados “aprovecharon sus cargos de confianza para proteger las operaciones de los cárteles, facilitando así el tráfico de drogas letales hacia nuestro país”, afirma. Menciona que el transporte se realiza “en equipaje de aviones”, sin precisar ninguna operación específica.
El Departamento de Justicia sostiene que Rocha Moya fue elegido gobernador en 2021 con la ayuda de una facción del cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de su fundador, Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos, quienes, presuntamente, secuestraron e intimidaron a sus rivales a cambio de la promesa del entonces candidato a gobernador de permitir que el grupo delictivo operara con impunidad y distribuyera drogas hacia territorio estadunidense.
Díaz Vega, uno de los imputados, es señalado como la persona que entregó al cártel los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya para que Los Chapitos pudieran obligarlos a retirarse de la contienda por la gubernatura.
Pero además, “Los Chapitos ordenaron a sus integrantes y a los ciudadanos de Sinaloa que votaran por Rocha Moya. Incluso, el día de las elecciones, en junio de 2021, siguiendo órdenes de Iván Guzmán Salazar, sicarios del cártel robaron papeletas y urnas del partido opositor y secuestraron a los oponentes de Rocha Moya, obligándolos a retirarse de la contienda. Por otra parte, para influenciar aún más los resultados electorales, los mandos de la policía estatal de Sinaloa prohibieron a sus agentes acercarse a los recintos de votación el día de las elecciones, incluso si observaban actividades delictivas o recibían una denuncia sobre un delito electoral”.
Entre las “funciones esenciales para el cártel”, la acusación de las autoridades estadunidenses detalla “protección a los líderes” para no ser investigados, detenidos o llevados a juicio, así como proporcionarles “información sensible de las fuerzas del orden y del Ejército” para ayudarlos en sus actividades ilícitas.
Juanito es acusado, entre otras cosas, de ayudar a Los Chapitos a secuestrar a una fuente de la DEA y a sus familiares, quienes fueron torturados y asesinados.
El documento de la fiscalía incluye fotografías de unas pequeñas notas de libreta con cifras escritas a mano, que supuestamente son nóminas mediante las cuales los acusados recibían pagos mensuales provenientes del cártel, que iban de 10 mil a 300 mil pesos.
La fiscalía estadunidense asegura que “los sicarios del cártel han disparado y asesinado a funcionarios del gobierno mexicano que, a diferencia de los acusados, se negaron a darles protección. Esta violencia implacable ha provocado un derramamiento de sangre desenfrenado y se ha cobrado cientos de vidas en México y en Estados Unidos. Como resultado, el cártel ha logrado un control casi total sobre todas las actividades de tráfico de drogas en muchas partes de México”.
Es la primera vez que un alto funcionario mexicano en pleno ejercicio es acusado por narcotráfico en Estados Unidos.
Anteriormente, en 2019, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó cargos por tráfico de drogas contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública (2006-2012), acusado también de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa durante su gestión en el gabinete; García Luna fue declarado culpable en 2023 y condenado a más de 38 años de prisión; actualmente está impugnando su condena.
En 2020, el ex secretario de Defensa (2012-2018) Salvador Cienfuegos Zepeda fue detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico por la misma fiscalía y liberado en 2021 por falta de pruebas.