Ciudad de México. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Hugo Aguilar Ortiz propondrá un nuevo panorama para la interrupción del embarazo, ya que planteará a sus pares que avalen dos proyectos con los cuales se romperá la lógica que ahora existe en el sentido de que un amparo solo beneficia a quien lo promueve.
En ese contexto, el planteamiento sostiene que la falta de servicios de interrupción legal del embarazo es una falla del Estado que genera barreras institucionales y afecta de manera diferenciada a mujeres y personas con capacidad de gestar.
Estos se darán en la sesión de Pleno de este jueves como parte de lo que se espera se convierta en una discusión sobre el alcance del acceso al aborto y el papel del juicio de amparo ante las consideradas omisiones estructurales del Estado en materia de salud reproductiva.
En caso de aprobarse el proyecto se sentaría precedente y cambiaría el criterio para que el beneficio social sea más amplio cuando se trate de violaciones a derechos humanos derivadas de omisiones estructurales, como lo es la falta de implementación y difusión de servicios de aborto en el sistema de salud, explicaron fuentes del máximo tribunal del país.
El proyecto establece que «cuando se impugna mediante interés legítimo la omisión de las autoridades de salud, el amparo no debería restringirse a efectos individuales si la problemática responde a un contexto más amplio de desigualdad», lo que transformaría el criterio que ha regido desde 2021.
Aunque la Corte ha sostenido criterios contra la criminalización absoluta del aborto, esta será la primera ocasión en que el tema se analiza en el Pleno bajo la nueva conformación, ello se analizará al estudiar la Contradicción de Criterios 125/2025 y el Amparo en Revisión 426/2025.
Ambos expedientes se encuentran bajo responsabilidad de la ponencia del ministro Aguilar Ortiz, quien reactivó el debate tras el retiro de una propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo que abordaba el aborto en Aguascalientes.
En estos casos se planteará lo que en derecho se denomina distinción entre interés jurídico e interés legítimo, pues mientras el primero se enfoca en afectaciones directas, el segundo permite cuestionar situaciones estructurales que trascienden a las personas.
En estos expedientes se abordará el tema del aborto en Tamaulipas, luego de que grupos de mujeres y de personas con capacidad para gestar promovieron un amparo en contra diversos artículos del Código Penal y de la Constitución Política estatal que sancionan el aborto, así como contra la falta de servicios públicos para garantizar su acceso.
En el proyecto no solo plantea declarar la inconstitucionalidad de estas disposiciones, sino también ordenar medidas concretas: garantizar la prestación del servicio, evitar cualquier persecución penal contra quienes lo soliciten o practiquen, capacitar al personal de salud e implementar campañas de difusión y sensibilización.