La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para escuchar este 1 de abril los argumentos en un caso que podría redefinir uno de los pilares constitucionales del país: la ciudadanía por nacimiento.
El litigio surge a partir de una orden ejecutiva impulsada en 2025 por el presidente Donald Trump, cuyo objetivo es negar la ciudadanía automática a los hijos de personas migrantes sin estatus legal o con permisos temporales.
La discusión gira en torno a la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que toda persona nacida en territorio de Estados Unidos es ciudadana. Mientras la administración federal argumenta que esta garantía ha sido aplicada de forma demasiado amplia, expertos constitucionalistas y organizaciones civiles sostienen que modificarla implicaría romper con más de un siglo de precedentes legales consolidados.
De avalarse la medida, el impacto sería inmediato en el sistema legal y social del país. Se condicionaría la emisión de ciudadanía al estatus migratorio de los padres, miles de menores podrían quedar sin nacionalidad estadounidense al nacer y se abriría un nuevo frente sobre los límites del poder presidencial frente a derechos constitucionales.
Además, el fallo podría sentar un precedente sobre si un presidente puede reinterpretar derechos fundamentales mediante órdenes ejecutivas.
Aunque la orden permanece suspendida por tribunales inferiores, la resolución final quedará en manos de la Corte Suprema, cuyo fallo se espera antes de junio de 2026. Hasta entonces, la ciudadanía por nacimiento continúa vigente en todo el país.
La decisión no solo definirá el futuro de la política migratoria estadounidense, sino que marcará un punto de inflexión en la interpretación de la Constitución y en la definición misma de quién puede ser considerado ciudadano en Estados Unidos.