Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Vivienda, Maribel Martínez Ruiz refirió que el proyecto integra la iniciativa enviada por Claudia Sheinbaum Pardo en un esfuerzo por armonizar la legislación secundaria con las recientes reformas constitucionales en materia de vivienda
La Cámara de Diputados aprobó reformar diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, para reconocer expresamente el derecho de toda persona a una “vivienda adecuada”, incorporando parámetros objetivos y verificables para su cumplimiento.
Con 354 votos a favor, y 95 en contra del PAN y del PRI, este dictamen recién aprobado será remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Vivienda, Maribel Martínez Ruiz refirió que el proyecto integra la iniciativa enviada por la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, así como propuestas de legisladores de distintos grupos parlamentarios, en un esfuerzo por armonizar la legislación secundaria con las recientes reformas constitucionales en materia de vivienda.
Destacó que el cambio del concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada” representa una transformación de fondo en la política pública del país.
“Este cambio no fue meramente gramatical, sino un verdadero cambio de paradigma, pues representa la reivindicación de la vivienda como un derecho humano y no como una mercancía”, subrayó.
Recordó que la reforma al artículo cuarto constitucional, publicada el 12 de diciembre de 2024, amplió el alcance del derecho a la vivienda al reconocerlo como un derecho de todas las personas y no únicamente de las familias, además de incorporar estándares internacionales para su medición.
Explicó que el concepto de vivienda adecuada se sustenta en siete elementos definidos por organismos internacionales como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y ONU-Hábitat, entre los que se encuentran la seguridad jurídica de la tenencia, la habitabilidad, la asequibilidad, la disponibilidad de servicios y la adecuación cultural.
Asimismo, señaló que la reforma también se vincula con los cambios al artículo 123 constitucional en materia laboral, que establecen un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras, con acceso a créditos accesibles y nuevas modalidades como el arrendamiento social.
Entre las medidas previstas, destacó la posibilidad de obtener financiamiento no solo para la adquisición de vivienda, sino también para su construcción, mejora, adquisición de suelo y autoproducción, así como esquemas que permitirán a los trabajadores adquirir la propiedad de los inmuebles tras periodos de renta.
Subrayó que estas modificaciones serán la base para alcanzar metas del programa de vivienda del gobierno federal, que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas bajo criterios de vivienda adecuada.
Por su parte, el diputado del PRI, Juan Antonio Meléndez Ortega anunció que su bancada irá en contra del dictamen, ya que se transita de un proceso de otorgar facilidades a uno donde el gobierno se vuelve intermediario, “desarrollador y vendedor”, lo que implica un conflicto de intereses.
“El problema de la vivienda en México es real, sí, la necesidad es urgente, sí, pero las soluciones no pueden construirse sobre la opacidad ni sobre el debilitamiento de las instituciones”, apuntó.
Mientras que, su homóloga y compañera de bancada, Lorena Piñón Rivera expusó que el dictamen pretende despojar del recurso de los fondos de vivienda de las personas trabajadoras, sin tener mecanismos de fiscalización y transparencia.
En tanto, el panista, José Guillermo Anaya Llamas apuntó que apoya parcialmente el dictamen y es que están en contra de la parte ideológica, donde transforman al Infonavit en una inmobiliaria que no permitirá elegir dónde contratar la vivienda a las personas trabajadoras.
Apuntó que si bien se defiende la vivienda y la política social, se atenta contra el patrimonio de las personas trabajadoras como se plantea en el dictamen.
Por su parte, el diputado del Verde, Manuel Alejandro Cota Cárdenas manfiestó que la reforma es una actualización necesaria del marco jurídico para alinearla al cumplimiento de los derechos humanos.
Finalmente indicó que la discusión no sólo es técnica, sino se trata de atender la realidad de las personas como el encarecimiento de la vivienda y el inadecuado manejo de los créditos hipotecarios.