Ciudad de México. La fiscal general de la República , Ernestina Godoy, presentó una iniciativa de reforma constitucional de una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con penas hasta de 70 años de prisión y que considera 21 agravantes. Entre hoy y mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Senado la propuesta.
“De inicio, cualquier muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio”, subrayó la mandataria en su conferencia de prensa.
“Es una reforma en la que todas y todos estamos de acuerdo. No creo que haya nadie que se oponga a que la muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio y que haya protocolos para poder castigar al o la responsable, y que haya todo un sistema de protección a las mujeres frente a la violencia que puede llegar a ser violencia feminicida”, estableció.
Tras resaltar la deuda histórica en materia de investigación y acceso a la justicia con las mujeres y familias víctimas de este flagelo social, la fiscal explicó que se trata de una reforma del inciso A de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, a efecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en Materia de Prevención, Investigación y Sanción del Feminicidio, con el fin de establecer el tipo penal y sus sanciones.
Con ello, permitir “una adecuada articulación de acciones que garanticen desde los distintos niveles de gobierno e instituciones, el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres y las niñas y adolescentes fortaleciendo al Estado Mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres”.
El feminicidio debe entenderse, sostuvo, no solo como un delito, “sino como una grave violación a los derechos humanos que exige respuestas estructurales de todas las instituciones del Estado Mexicano, tanto en el ámbito legislativo de procuración de justicia como la implementación de políticas públicas integrales”, con base en sentencias e instrumentos convencionales.
La propuesta impulsa la construcción de un marco jurídico que permita homologar el tipo penal en el que se reconocen nueve razones de género, tales como signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes; antecedentes de violencias, prejuicios, estereotipos, existencia de relaciones de poder o subordinación; que la víctima haya sido incomunicada, que se encuentra en estado de indefensión o que haya exposición del cuerpo, entre otras.
Plantea una pena de 40 a 70 años de prisión; sancionar la tentativa con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes; multa en UMA’s y 21 agravantes.
Entre ellas, que la víctima sea niña, adolescente o persona mayor, tenga alguna discapacidad, que se cometa el feminicidio frente a hijas o hijos; que la víctima se encuentre en situación de movilidad migrante; que pertenezca a pueblos originarios, entre otros.
Dijo que buscan homologar los protocolos de investigación en todo el país para incorporar la forma de coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas “para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio”.
De esta manera, “incorporar de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso, para fortalecer las capacidades técnicas, científicas y humanas de las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia y para asegurar la coordinación efectiva entre las autoridades”.
Destacó que el delito de feminicidio se investigará y perseguirá de oficio; mientras la sanción que se imponga y la reparación integral del daño por el delito de feminicidio son imprescriptibles.
La iniciativa contempla que el responsable del feminicidio perderá los derechos sucesorios que por cualquier concepto pudiera tener respecto a propiedades, bienes, derechos y otros.
Asimismo, perderá la patria potestad de hijos e hijas, perderá la tutela, guarda y custodia de aquellas personas de quien se tenga legítimo derecho y pierde cualquier beneficio legal relacionado con las víctimas directas o indirectas.
La iniciativa, agregó la fiscal, “parte de la premisa fundamental en casos de feminicidio de una obligación de investigar con la debida diligencia en forma reforzada. Para ello se establece la homologación de protocolos especializados de actuación que deberán ser aplicados por todas las autoridades responsables de la procuración de justicia”.
Estos protocolos, indicó, deben incorporar la perspectiva de género, la debida diligencia, el análisis de contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y la coordinación entre las instituciones”.
Asimismo, planteó que la unidad o fiscalía especializada que inicien la investigación, así como el Ministerio Público adscrito a la misma intervengan de manera continua en todas las etapas del procedimiento penal, desde su inicio y hasta la ejecución de la sanciones, a fin de garantizar la debida diligencia, la continuidad procesal y la protección de los derechos de las víctimas.
“En la ciudad le llamamos el turno continuado, no puede parar ninguna investigación por cambios de turno, ni mucho menos. Se dispone en el proyecto que la Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías deben contar con unidades o fiscalías especializadas para el conocimiento, investigación y persecución del delito”.
Asimismo, contar con ministerios públicos, policías, personal técnico y pericial especializado y capacitado en materia también de atención a víctimas y de investigación del delito de feminicidio. Asimismo, en medidas de protección y en elaboración de planes de investigación y técnica de investigación criminal.
“Buscamos que sean certificados para que puedan pertenecer a estas unidades, con una serie de requisitos para su ingreso y su permanencia en estas unidades o fiscalías especializadas”.
El proyecto dispone derecho de las víctimas a la reparación integral del daño, el establecimiento de coordinación institucional y el establecimiento de una serie de políticas públicas.
La presidenta Sheinbaum recordó que como fiscal capitalina, Godoy, junto con su equipo, generó un esquema de investigación y atención al delito de feminicidio, lo que permitió bajar la impunidad y “ella planteó que este modelo de investigación y de atención pudiera llevarse a todo el país”.
La propuesta, dijo, “es que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y se desarrollen una serie de políticas para prevenirlo”.
Desde el inicio de su conferencia, la mandataria pidió a los reporteros que “no pregunten nada relacionado con la FGR porque no viene aquí para eso y ella tiene sus propios espacios para contestar cosas relacionadas con la fiscalía”.
Godoy comentó que el 15 de abril presentará el plan estratégico de Procuración de Justicia, que será entregado al Senado y a la titular del Ejecutivo federal.