La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puso en marcha la Primera Compra Sostenible de Textiles, una estrategia que busca aprovechar el poder de compra del Estado para fortalecer la industria nacional y generar mayor bienestar.
La iniciativa se desarrolla en coordinación con diversas instituciones del gobierno federal y forma parte del compromiso de México con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Anteriormente, este esquema de compras sostenibles ya se había aplicado en el sector del café.
De acuerdo con la dependencia, la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en abril de 2025, abrió nuevas posibilidades para transformar el impacto de la compra pública en el país. Con este marco legal, el gobierno busca que las adquisiciones no solo atiendan las necesidades institucionales, sino que también funcionen como una herramienta para impulsar el desarrollo económico y contribuir a los objetivos del Plan México.
La industria textil mexicana, destacaron autoridades, cuenta con la capacidad para atender la demanda del gobierno federal y garantizar altos niveles de contenido nacional. Este sector está integrado tanto por grandes empresas con larga trayectoria como por micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), muchas de carácter familiar, además de cooperativas textiles que forman parte del tejido productivo del país.
Para concretar esta primera compra sostenible, la Secretaría realizará encuentros de negocio entre unidades compradoras del gobierno y posibles proveedores del sector textil. También ofrecerá procesos de capacitación y acompañamiento a mipymes y organizaciones del sector social interesadas en vender al gobierno por primera vez.
Como parte de esta estrategia de inclusión productiva, la dependencia pondrá a disposición la plataforma Aprende y Vende, un espacio de capacitación diseñado para facilitar el acceso de empresas y cooperativas al mercado de compras públicas.
Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno busca consolidar la compra pública como una palanca de desarrollo, al tiempo que promueve la participación de empresas nacionales y fortalece la economía social.