La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) estableció que los estados tienen la obligación de prevenir el tráfico ilícito de armas mediante normas internas, supervisión de empresas del sector y cooperación internacional. La Opinión Consultiva 30 de 2025, presentada por el presidente del tribunal Rodrigo Mudrovitsch, subraya que el arsenal proveniente de Estados Unidos es la principal fuente de armas usadas para delitos en México, con cerca de 200 mil unidades traficadas cada año.
El tribunal determinó que los países deben garantizar debida diligencia frente a actividades que faciliten el tráfico ilícito de armas, lo que incluye adoptar normas internas, supervisar empresas privadas, garantizar recursos judiciales para las víctimas y fomentar la cooperación internacional. Además, recomendó implementar mecanismos de marcaje, registro y rastreo, así como evaluaciones de riesgo antes de autorizar importaciones o exportaciones de armamento.
En relación con las empresas privadas, la Corte advirtió que los estados deben supervisar y fiscalizar sus actividades para asegurar que cumplan con las regulaciones sobre comercio de armas y con sus obligaciones de respeto a los derechos humanos. La resolución refuerza la postura de México de responsabilizar a los fabricantes y distribuidores que facilitan el ingreso ilegal de armas al país.