El gobierno de Estados Unidos evalúa realizar ajustes a los aranceles al acero impuestos bajo la Sección 232, luego de que en 2025 las importaciones registraran una caída significativa: 21% en valor y 12.6% en volumen.
Estas tarifas fueron impulsadas durante la administración de Donald Trump con el argumento de proteger la seguridad nacional y fortalecer a la industria siderúrgica local. El sector ha defendido su permanencia y advierte —con base en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)— que el exceso de capacidad mundial podría generar exportaciones a bajo precio que dañen al mercado estadounidense.
A pesar de la defensa del sector acerero, Washington analiza simplificar las reglas y reducir el impacto en empresas que utilizan acero y aluminio como insumo, especialmente ante las presiones de fabricantes que han enfrentado mayores costos.
Entre las alternativas en estudio se encuentra un nuevo esquema con aranceles diferenciados según el tipo de bien, lo que podría implicar exenciones para ciertos productos, pero también incrementos para otros.
Los principales países proveedores ya reportan caídas en sus envíos, incluido México, uno de los socios comerciales más relevantes en el sector. El gobierno mexicano ha buscado que estas tarifas se eliminen en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), argumentando que afectan la integración productiva de la región.
El debate continúa mientras la Casa Blanca evalúa el equilibrio entre proteger la industria nacional y evitar mayores distorsiones en las cadenas de suministro.