La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la eliminación de 109 fideicomisos realizada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, medida que permite reincorporar más de 68 mil millones de pesos al presupuesto público para destinarlos a hospitales, escuelas, becas y programas sociales.
Los Ministros aprobaron por unanimidad ocho proyectos del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, resolviendo controversias constitucionales presentadas en 2020 por los gobiernos de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán, así como diversos recursos de reclamación de 2021. Guerrero García criticó duramente la actuación de la anterior Corte, calificándola de “irresponsable” por dejar pendientes estos asuntos durante casi cuatro años.
Aunque la mayoría de los proyectos fue aprobada, la inistra Yasmín Esquivel Mossa emitió un voto concurrente sobre la extinción del fideicomiso para la Atención de Víctimas, señalando que su supresión representó un retroceso presupuestal para las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Por su parte, la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra destacó que estos fondos garantizaban derechos humanos y permitían a las entidades federativas invertir en programas sociales de manera transparente.
Los fideicomisos eliminados por decreto en 2020 incluían fondos de ciencia, seguridad y desastres naturales (FONDEN), mientras que en 2023 se eliminaron otros 13 fideicomisos del Poder Judicial, afectando a trabajadores judiciales y provocando huelgas nacionales. La decisión de la Corte marca un punto de inflexión en la transparencia y el manejo del gasto público, cerrando un capítulo de discrecionalidad y corrupción que caracterizó a la antigua Corte liderada por ministros que prolongaron años la resolución de estos recursos millonarios.