Prevén establecer una pena de 6 a 15 años de prisión además de una sanción económica de 11 mil 314 a 56 mil 570 pesos y podrían incrementarse cuando se trate de daño patrimonional o afectación a la víctima
La Cámara de Diputados recibió la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.
Así lo informó la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, quien señaló que esta legislación fue enviada por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum a través de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
De acuerdo al documento, que ya se encuentra disponible en la Gaceta Parlamentaria, señala que con esto se busca continuar fortaleciendo el combate a la inseguridad, y es que deja claro que a un año de administración “los resultados en materia de seguridad pública ofrecen un balance positivo”.
Aunque, Sheinbaum Pardo, reconoce que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben reconocer que hay una tarea pendiente con respecto al delito de extorsión, y para atenderlo “sin mayor dilación, de forma coordinada, asumiendo las responsabilidades que a cada orden de gobierno le corresponden” se debe crear un marco jurídico claro, robusto y general.
¿Qué expone la nueva Ley contra la extorsión?
Por ello, la iniciativa que presenta expone que con una nueva ley se debe proveer “las herramientas jurídicas suficientes para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno prevengan eficazmente la extorsión, empleen técnicas de investigación específicas atendiendo a las particularidades de este delito, implementen medidas de protección asistencia para las víctimas, las y los testigos y ofendidos”.
Así como, que “coordinen eficientemente sus esfuerzos empleando las capacidades institucionales que tengan a su alcance para profundizar y mejorar la forma en que se combate este delito”.
Refiere que se busca contar con un tipo penal básico de extorsión, que se persiga por oficio, que sea aplicable para toda la República, de modo tal que, independientemente de dónde se cometa, de la forma de coacción que se emplee, del beneficio o lucro que se obtenga, o del daño que se provoque, exista la posibilidad de que este delito se acredite a partir de los elementos básicos del mismo.
Multas y agravantes por el delito de extorsión
La propuesta establece una pena de 6 a 15 años de prisión y una multa de 11 mil 314 a 56 mil 570 pesos; y estas aumentarán en una tercera parte cuando se trate de conductas relacionadas con daños patrimoniales o que contemplen una menor lesividad en comparación con otras agravantes.
La ley que se propone contempla 34 agravantes divididas en 3 categorías, organizadas conforme a la gravedad de la afectación al tipo de bien jurídico tutelado, entre las que se encuentran son: el cobro de piso, la imposición de precios a productos, bienes o servicios, la utilización del sistema financiero y cuando la conducta se comenta en contra de personas candidatas a un cargo de elección popular.
Otras agravantes por las que se aumentará la pena de una tercera parte hasta una mitad, cuando la extorsión se cometa en contra de personas migrantes, menores de 18 años, en estado de embarazo o mayor de 60 años de edad; de igual forma, cuando se coaccione a la víctima con el uso de información privada o el sujeto activo tenga una relación de confianza, entre otras.
También hay una tercera categoría de agravantes con el objeto de incrementar la pena, de la mitad hasta dos terceras partes más, en el caso de aquellas conductas que implican una grave afectación a la integridad de la víctima, el carácter de quien comete el delito, así como por el impacto económico y social.
“Entre las agravantes que se proponen en este apartado destaca el uso de violencia física, moral o psicológica, la simulación de un hecho de tránsito («monta choques»), cuando se cometa por una persona servidora o exservidora pública, intervengan personas armadas, se utilicen a personas menores de edad o se afecte de manera directa la economía de alguna entidad federativa”, puntualiza.