El Congreso del Estado de Campeche aprobó la reforma a la Ley de Expropiaciones impulsada por la Gobernadora Layda Sansores, con la que el Gobierno estatal podrá expropiar y ocupar terrenos particulares declarados de utilidad pública.
La declaratoria deberá publicarse en el Periódico Oficial y notificarse al propietario. En caso de no lograr el contacto, se hará una segunda notificación en un plazo de cinco días hábiles.
Los dueños contarán solo con cinco días para interponer recursos legales, y tras ello, la Secretaría de Gobierno o la Secretaría de Desarrollo Urbanopodrán ejecutar de inmediato la ocupación y obras.
La oposición y los sectores conservadores reaccionaron de inmediato: temen que la medida pueda aplicarse contra el exgobernador y actual senador del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, famoso por acumular propiedades de lujo en Campeche mientras hundía al estado en deudas históricas.
Lo cierto es que esta reforma busca agilizar proyectos de infraestructura, movilidad y desarrollo urbano, evitando que intereses privados frenen obras estratégicas para el Pueblo.
Con la aprobación de esta iniciativa, Campeche se coloca en el centro del debate nacional sobre la utilidad pública vs los privilegios privados. Mientras los críticos hablan de “riesgos jurídicos”, el mensaje es claro: los tiempos del saqueo terminaron.