Desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje firme al mundo: México rechaza la pena de muerte, sin importar el delito.
La Mandataria fue cuestionada por la decisión de la fiscalía de Estados Unidos de no solicitar la pena capital contra tres capos del narcotráfico —Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes— actualmente bajo custodia en Washington.
“Estamos en contra de la pena de muerte. No importa el delito, no coincidimos con esa práctica. Todos los tratados de extradición establecen que no puede aplicarse; es parte de la política mexicana”, subrayó Sheinbaum, dejando claro que la 4T defiende los derechos humanos sin titubeos.
La Presidenta también aclaró que su gobierno no participa en acuerdos judiciales de Washington y dijo desconocer si existen negociaciones como las que se habrían realizado en el caso de Ovidio Guzmán. “Si lo hay, es decisión del gobierno de Estados Unidos”, precisó.
Enfatizó que México seguirá cumpliendo con los tratados internacionales, siempre que se respete la soberanía nacional y que cualquier acción tenga como prioridad “beneficiar al pueblo de México”.
“El pueblo manda, no Washington”.
Al ser cuestionada sobre supuestas llamadas de la embajada de Estados Unidos para investigar el respaldo político al ultraderechista Eduardo Verástegui, Sheinbaum fue tajante: “No me consta que eso ocurra. Con nosotros, el embajador ha sido respetuoso”.
Y lanzó una advertencia con sabor a historia reciente: “¿De quién tiene que ganarse la confianza quien quiere un cargo de elección popular? ¿De un gobierno extranjero? Esos tiempos del oscurantismo neoliberal ya quedaron atrás”, en alusión a los pactos del PRI y PAN con potencias extranjeras.
Con ello, la Presidenta cerró cualquier espacio a la injerencia extranjera en la política interna: la voluntad del pueblo está por encima de los intereses de Washington.