De acuerdo a este estudio, realizado mendiante la comparación de imágenes de satélites, en casi cuatro décadas la selva amazónica perdió un 12.5 por ciento de la cobertura que tenía en 1985.
Este análisis constató que entre 1985 y 2023, en las áreas donde disminuyó el bosque, el uso de suelos para minería legal e ilegal se expandió en mil 63 por ciento, en agricultura 598 por ciento y en ganadería 298 por ciento.
«Así, muchos ecosistemas desaparecieron para dar paso a enormes extensiones de pastos, tierras agrícolas de soya, palma aceitera y otros monocultivos, o se convirtieron en grandes cráteres de agua para la extracción de oro», señaló este lunes la RAISG en un comunicado emitido en Ecuador, uno de los nueve países de la cuenca amazónica.
De acuerdo a este estudio, los bosques inundables se redujeron en 4.5 millones de hectáreas, lo que según los especialistas de la RAISG «pone en serio peligro la abundancia y diversidad biológica de la Amazonía –sobre todo de peces– y, por tanto, la disponibilidad de alimento para las poblaciones aledañas».
71 por ciento de la deforestación registrada en este informe se situó en la cuenca del Amazonas, mientras que 23 por ciento se dio en la sabana tropical El Cerrado (Brasil).
Un 4 por ciento se registró en el bosque seco tropical Chiquitano (Bolivia) y 2 por ciento restante se dividió en los biomas bosque seco El Chaco (Bolivia- Paraguay), humedal Pantanal (Brasil-Bolivia), Tucumano-boliviano, así como en los Andes y valles de Perú y Bolivia.
Para este estudio, la RAISG consideró como territorio amazónico más de 8.4 millones de kilómetros cuadrados distribuidos entre Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa, lo que incluye las cuencas hidrográficas de los ríos Amazonas, Tocantins-Araguaia y Marajó.
Los dos próximos años, claves
A puertas de la COP16 de Biodiversidad en Colombia, y con miras a la COP30 sobre Cambio Climático en Brasil (noviembre 2025), la RAISG considera estos dos años claves para que los líderes de los gobiernos y las entidades de incidencia implementen políticas de conservación y restauración más estrictas, a partir de estos focos de pérdida.
“Los principales desafíos son conservar las áreas intactas y de baja degradación, antes de alcanzar el llamado ‘punto de no retorno’ de la Amazonía; y sustituir las actividades actuales por otras que afecten menos al bosque», señaló Karen Huertas, especialista de MapBiomas Amazonía.
En ese sentido, la RAISG incidió en que sólo 65 por ciento de las formaciones naturales que se perdieron en la Amazonía entre 1985 y 2023 fueron en territorios Indígenas y áreas naturales protegidas, frente al 93.5 por ciento restante que se produjo fuera de estos espacios.
Sin embargo, apuntó que «los pueblos indígenas viven bajo constante amenaza», pues «entre 1985 y 2023, sus territorios tuvieron pérdidas de 3.8 millones de hectáreas de bosques».
«El avance de las áreas agropecuarias, de minería aurífera, de la tala ilegal y de los cultivos para el narcotráfico son algunas de las presiones sobre esos territorios. Una situación que ha puesto en riesgo la seguridad de las comunidades locales y la vida de los líderes ambientales, a la vez que vulnera la diversidad cultural de los países», añadió la RAISG en su comunicado.
Riesgo de una ‘sabanización’ irreversible
Asimismo, la RAISG advirtió que, «de seguir esta tendencia, en unos años la Amazonía caminará a un proceso de ‘sabanización’ y ‘praderización’ irreversible».
«La pérdida de bosques seguirá liberando grandes cantidades de dióxido de carbono, que acelerarán aún más el calentamiento global y reducirán el hábitat de miles de especies», continuó.
Por ello, la secretaria ejecutiva de la RAISG, Angélica García, consideró que «los gobiernos de los países amazónicos deben actuar de forma coordinada para contener el avance de las presiones y amenazas, como la deforestación, la minería y el narcotráfico, avanzar en alternativas económicas sostenibles y promover la restauración ambiental a escala regional».
La RAISG está conformada por organizaciones de la sociedad civil de seis países amazónicos, orientadas a la sostenibilidad socioambiental de la Amazonía, con el apoyo de la cooperación internacional.
Fuente: La Jornada Maya