Suiza, 05 de agosto de 2024.-La mano dura deviene de las protestas por las muertes de la joven Mahsa Amini; mujeres y niños, entre las víctimas.
Las minorías étnicas y religiosas de Irán, y entre estas sobre todo las mujeres y niños, sufren la represión del Gobierno iraní desde una forma desproporcionada desde las protestas de 2022 por la muerte de la joven Mahsa Amini por llevar mal puesto el velo islámico.
Así lo ha concluido la Misión Internacional de Investigación que creó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para esclarecer lo ocurrido durante esos eventos y los meses que siguieron, en los cuales la represión se hizo más fuerte y generalizada.
La muerte bajo custodia policial de Amini, de 22 años y de origen kurdo-iraní, desató una ola de indignación que dio lugar a numerosas protestas bajo el movimiento “Mujer, Vida, Libertad”, en las que las minorías participaron activamente hasta bien entrado 2023.
Ahora, un nuevo informe del grupo investigador de la ONU documenta graves violaciones de derechos humanos cometidas desde entonces por las fuerzas de seguridad iraníes contra miembros de estas minorías, muchas de las cuales son crímenes de lesa humanidad.
En sus indagaciones, la Misión constató que estos crímenes de lesa humanidad se entrecruzaban con una persistente discriminación contra estas minorías por motivos étnicos y religiosos.
Entre los grupos más perseguidos se encuentran las minorías étnicas kurda y baluchi, así como los turcos azerbaiyanos y los árabes ahwazíes, muchos de ellos suníes minoritarios en esta nación predominantemente chií.
Acerca de la violencia para contener las protestas, el informe indica que los niños pertenecientes a minorías sufrieron violaciones de derechos “especialmente atroces”, como homicidios, mutilaciones, detenciones o desapariciones forzadas, entre otras.
Además, durante las detenciones, las fuerzas de seguridad sometían a los detenidos a condiciones inhumanas, tortura, malos tratos, violación y otras formas de violencia sexual y de género, de acuerdo con el informe.
El documento también advierte que las mujeres pertenecientes a estos grupos sufrieron daños específicos agravados por su doble condición de mujeres y de minorías étnicas y religiosas.
Pese a los delitos constatados, la Misión sostiene que la rendición de cuentas es “difícil de alcanzar”, ya que no tiene constancia de ninguna investigación penal significativa contra altos cargos por estas violaciones.
Ante tal impunidad, pide que se apliquen medidas transformadoras de reparación y rendición de cuentas a escala nacional e internacional.